Retroactividad total de la cláusula suelo

Por fin ha llegado el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debía pronunciarse sobre la retroactividad de las cláusulas suelo-techo.

Gracias a las cuestiones prejudiciales C-154/15, C-307/15 y C-308/15, planteadas por tres magistrados del Juzgado de lo Mercantil de Granada y de Alicante, se ha podido conocer cuál es el criterio judicial respecto a la nulidad total o parcial de los suelos.

Y el resultado es que la cláusula suelo es nula, de pleno derecho, desde el principio, es decir, que se tiene por no puesta y por tanto, procede la devolución de todas las cantidades pagadas de más por el cliente desde 2009 (fecha en la que el euríbor empezó a bajar).

La duda y los temores (también) venían por la gran presión del lobby bancario hacia las instituciones europeas que, finalmente, vieron cómo en julio de este mismo año, el Abogado General daba la razón al Tribunal Supremo español y, por ende, a la banca española.

El Abogado General, cuya opinión es hasta tal punto relevante que la decisión del TJUE suele tomar como referencia, en la mayoría de los casos, consideraba que la nulidad y los efectos de la cláusula suelo, tenía que ser limitada hasta mayo del 2013, fecha en la que el máximo tribunal español se pronunció, por primera vez, al respecto.

Sin embargo, no hace falta ser experto en derecho para considerar que si algo es nulo, lo es desde el principio (o desde que produce efectos). El Supremo español,  tomó una decisión más pendiente de no perjudicar a los intereses bancarios que al bolsillo de los consumidores.

Aunque, por fin, se ratifica que la cláusula suelo es nula desde el principio y no desde una fecha concreta (mayo del 2013), porque incumple normativas europeas y españoles respecto a la falta de transparencia, claridad e información suministrada al cliente bancario y por tanto, las entidades financieras tendrán que devolver lo cobrado de más.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Es complicado dar una respuesta, porque dependerá, en primer lugar, de qué pasos dará la Banca española y no todas van a seguir el mismo camino, y en segundo lugar, de la multitud de bancos y cajas que existen y estoy segura de que las grandes, tomarán medidas rápidamente.

Pero también los supuestos de hecho de los clientes, son distintos:

-consumidores que no han reclamado.

-quienes lo han hecho y se les ha devuelto desde mayo 2013.

-quienes han perdido la demanda.

-los que hayan firmado un acuerdo para su eliminación.

-a los que se les ha eliminado voluntariamente por el Banco, pero no han cobrado lo pagado de más.

-a los autónomos.

-si ha habido un allanamiento parcial.

En cualquier caso, estamos de enhorabuena.

Nuestro consejo es esperar un mes o dos, y consultar con nuestro banco para ver qué pasos dan (si los dan) y si no actuar en consecuencia: reclamación extrajudicial o judidial.

Nota de Prensa TJUE sentencia suelos

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Ejemplos de arbitraje: casos resueltos

Una pregunta muy habitual es cuándo interponer un arbitraje de consumo. La reclamación y el arbitraje son métodos compatilbes aunque sucesivos en el tiempo.

Si ponemos una reclamación ante el Servicio de Atención al cliente o departamento de reclamación de la empresa o ante la OMIC (Oficina municipal de información al consumidor) o ante la SETSI (Secretaria de estado de telecomunicaciones y sociedad de la información) hay que esperar a que la empresa u organismo responda, después, si la respuesta no es satisfacctoria o es negativa, podemos acudir al arbitraje.

Sin embargo, al contrario si vamos directamente al arbitraje, ya no hay forma de volver atrás e interponer una reclamación. Si ambas vías se utilizan al mismo tiempo, la Junta arbitral de consumo, no podrá emitir un laudo o simplemente, no entrará a valorar,  hasta que no exista una respuesta por escrito a la reclamación.

Empresas de telecomunicaciones y cobro por gestión de impagos de 18€.

Si un cliente devuelve un recibo o no paga una factura, en la facturación del mes siguiente se incluye un cobro de 18€ por gestión de reclamación de impagos. Normalmente, desde la JAC de consumo entendemos que este cobro, aún previsto en el contrato, no está suficientemente justificado ya que la empresa no tiene forma de demostrar el coste que le supone la reclamación del importe de la factura, ni el consumidor conoce su existencia ya que no ha sido informado expresamente, por tanto, el arbitraje suele ser estimatorio.

Cobro por llamadas a teléfonos especiales (803, 806, 807) o de tarificación especial (901, 801, 902, etc) y sms premium.

Normalmente, ante estos casos el consumidor suele alegar que no ha realizado tantas llamadas de forma consecutiva e incluso, solapada en el tiempo. Sin embargo, pocas veces podemos observar un fallo técnico en el sistema. De modo que la JAC entiende que se trata de supuestos en los que el cliente no bloquea el teléfono convenientemente desde la llamada o se realiza una rellamada involuntaria. Lo que está claro es que estas llamadas se han realizado. Consejo: solicitar a la compañía de teléfono la desactivación de llamadas a números de tarificación especial o sms premium.

Tintorerías y manchas en la prenda tras lavado.

Es muy importante que el cliente conserve el ticket y que la prenda quede en el establecimiento hasta el día del arbitraje. En el ticket, se debe de recoger la descripción del tejido y si requiere un proceso específico de limpieza. Si, además, se incluyen fotos del estado de la prenda antes del desperfecto, la JAC puede garantizar que tras el lavado la prenda ha visto modificada su estado y el cliente no la ha usado con posterioridad.

Todo lo anterior son ejemplos reales que se han realizado en la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias, en la que tenemos la suerte de participar como vocales árbitro en representación de los consumidores.

 

El Arbitraje de consumo

Herramienta bien desconocida por la mayoría de los consumidores, es muy útil para reivindicar nuestros derechos ante todas aquellas empresas que estén adheridas al Sistema Arbitral de consumo, es decir, que hayan aceptado esta vía para solventar las controversias.

Es gratuito, sus decisiones, llamadas laudos, son de obligado cumplimiento para todos y directamente ejecutables, es rápido porque todo el procedimiento no suele llevar más de tres o cuatro meses y es ante todo un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos.

Atención porque hay una serie de materias excluídas del arbitraje:

  • Aquellas en las que ya exista una resolución judicial firme y definitiva.
  • Cuando se haya producido daños para la salud o muerte.
  • Cuando existan indicios de delito.
  • Cuando deba intervenir el Ministerio Fiscal.

La Junta Arbitral de consumo, está formada por tres personas cuando decide en equidad: un vocal que representa al sector empresarial, un vocal que representa a los consumidores y el presidente, que pertenece a la Administración.

¿Cuál es el proceso?

Ante un problema con una empresa, el consumidor solicita el arbitraje (on line, en una OMIC o en una asociación de consumidores) y presenta toda la documentación de la que dispone: factura, ticket, contrato, fotografías, cualquier cosa que le permita probar el daño. Es muy importante que concrete su pretensión, es decir, qué quiere conseguir. Aunque no existe indemnización por daños y perjuicios, el consumidor puede indicar una cantidad económica por la que solicita restitución.

Cuando la solicitud de arbitraje se recibe en la Administración, se revisa y si falta documentación se pide, y se da traslado, posteriormente, a la empresa para que realice sus alegaciones que serán enviadas al consumidor. Es posible llegar a un acuerdo a través de la mediación, incluso momentos antes del inicio del arbitraje.

También la empresa puede solicitar reconvención, es decir, si el consumidor debe dinero, podrá exigir su pago en la contestación.

Empresas adheridas típicas: Vodafone España, Movistar, Telecable, Orange, ópticas, talleres de coches, tintorerías, academias de formación. El logotipo del arbitraje suele estar en sus comunicaciones comerciales, contratos o incluso, en el propio establecimiento.

Consulta aquí, las empresas en Asturias.

Aunque las empresas no estén adheridas, pueden aceptar el arbitraje en supuestos puntuales.

¿Están prohibidos los perros en las comunidades de vecinos?

Ante la duda que nos planteaba un vecino y, teniendo en cuenta que cada vez hay más mascotas viviendo en el ámbito urbano, nos ha parecido una cuestión relevante y de gran interés social.

Evidentemente, en la Ley de Propiedad Horizontal no hay ninguna mención a la tenencia de mascotas y, por tanto, ninguna prohibición expresa, lo cual sería claramente ilegal.

Solo encontramos, en el artículo 7.2 la prohibición de realizar actividades no permitidas en los estatutos, tanto a nivel privado como en el ámbito público de la comunidad:

2. “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Es, en los Estatutos de cada Comunidad de Vecinos, donde podemos encontrar alguna mención expresa a la tenencia de mascotas, fundamentalmente, de perros. Tendremos que consultarlos, a través de nuestro Administrador de Fincas, para conocer qué recomendaciones se exigen a los propietarios de perros:

Normalmente, se suelen concretar en :

  1. Utilizar correa en las zonas públicas tales como portal, escaleras, ascensor, jardines.
  2. Ceder el uso del ascensor ante vecinos que prefieran no estar cerca de los animales.
  3. Utilizar montacargas, si los hubiera.
  4. Educar al animal para que sea respetuoso, evitar los ladridos a deshora, la recogida de excrementos y los malos olores.

Siempre se dará prioridad a la libertad individual del dueño del perro sobre las prohibiciones de tenencia de animales o mascotas.

También se recomienda consultar las ordenanzas municipales sobre animales de compañía.

Liberar un móvil después de permanencia, ¿Gratuito o no?

Una vez finalizado un contrato de permanencia, a través del  cual, hemos adquirido un móvil pagándolo a plazos a nuestra compañía de Telecomunicaciones, queremos rescindir el contrato e irnos a otra compañía, ¿Pero qué ocurre con el móvil?

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, las operadoras nos venden móviles que no están liberados, sobretodo, cuando están sujetos a permanencia.

Es en ese momento, cuando la permanencia de 18 ó 24 meses, ya ha finalizado, que podemos solicitar un código para liberar nuestro teléfono y así, poder utilizar una SIM de una compañía diferente. Aunque las operadoras NO están obligadas a ello.

Para ello, deberemos de contactar con el SAC (Servicio de Atención Telefónica) que nos facilitará la información necesaria.

Ahora bien, ¿Es ese desbloqueo gratuito? La información es confusa, según se consulte en las redes sociales e internet. Sin embargo, en ninguna normativa se especifica que exista obligación de liberalizar el móvil y que sea gratuita, de modo que, nos pueden cobrar por ello.

Vodafone, por ejemplo, aplica un recargo de 9,95€ para liberar el móvil, además de otras condiciones como no tener facturas pendientes de pago y que haya finalizado la permanencia.

Más información en el Blog de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

La fianza en Arrendamientos Urbanos

Suele ser una consulta muy habitual, no solo por la cuantía a depositar sino cómo se devuelve y cuándo al finalizar un contrato de arrendamiento.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay que estar a lo que se firme en el contrato entre arrendador y arrendatario y en su defecto, acudir a la Ley.

Lo normal es que el arrendador fije un mes de alquiler en concepto de fianza, también pueden ser dos o más, e incluso, exigir un aval. Siempre es obligatoria. Se suele entregar en mano o a través de transferencia en el momento de la firma del contrato o en los momentos previos o posteriores.

El objetivo de la fianza es compensar al arrendador en caso de impago de una mensualidad o descontar los gastos o desperfectos causados en la vivienda al término del contrato.

En determinadas Comunidades Autónomas con competencia en vivienda, existe un depósito de fianzas que garantiza a ambas partes, tanto su recepción como su devolución.

Durante los tres primeros años de contrato, la fianza no está sujeta a actualización. Si el contrato de arrendamiento se prorroga, se puede solicitar un aumento o disminución de la misma.

Cuando el contrato se extingue o una de las partes solicita su rescisión, lo normal es que el arrendador visite el piso y compruebe su estado físico. La fianza debe devolverse siempre. Salvo que haya cargas posteriores (desperfectos) que deban descontarse de la misma.

El método de entrega se pactará entre las partes, puede darse en el momento de entrega de las llaves o mediante transferencia bancaria días después (mejor convenirlo). Si al cabo de un mes, tras abandonar la vivienda, el arrendatario aún no ha recibido la fianza, podrá solicitar su devolución más los intereses legales del dinero.

Los juzgados de primera instancia mediante los juicios verbales o los tribunales de arbitraje, serán los compententes para dirimir los conflictos. Se recoge en el propio contrato qué método de resolución de conflictos prefieren las partes.

Novedad: Regulación de viviendas de uso vacacional y turístico en Asturias

Algunas CCAA (Cataluña, Asturias, Madrid), presionadas por el lobby hotelero, ya han comenzado a regular el alquiler de casas de particulares, que durante los últimos años han experimentado un auge espectacular debido a determinadas páginas web como Airbnb, Bedycasa o Niumba.

En Asturias, la nueva normativa ha sido aprobada y publicada en el BOPA el pasado miércoles 17 de agosto de 2016 y el post tiene como objetivo informaros de cuáles son las condiciones para poder alquilar tu casa o tus habitaciones.

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